Celorio pide un cambio en la política urbanística

La asociación de vecinos La Hoguera, de Celorio, ha hecho un llamamiento al Ayuntamiento de Llanes para que «de un giro de 180 grados y practique otro urbanismo que sea legal, justo y que contribuya a asentar la población en los pueblos».

En este sentido, la agrupación vecinal de Celorio invita al consistorio llanisco a que «promueva la construcción de viviendas protegidas en los pueblos y a que bajen los impuestos a las primeras residencias». Medidas que irían encaminadas a «facilitar el acceso a la vivienda a los propios vecinos, evitando que se vean obligados a emigrar».

Los celorianos han hecho públicas sus peticiones a través de un comunicado en el que han vuelto a denunciar la «ilegalidad de 94 viviendas construidas en Celorio en los últimos seis años». En referencia a este asunto, La Hoguera elevó en su momento una queja al Defensor del Pueblo, que ahora se ha puesto en contacto con la asociación para informarles de que ante «la falta de colaboración del Ayuntamiento de Llanes» para estudiar el caso, la institución ha acordado incluirlo en el informe de gestión que anualmente eleva a las Cortes.

La Voz De Asturias 07-09-2010

El Defensor del Pueblo reclama al Consistorio información sobre Celorio

El Defensor del Pueblo español, Manuel Ángel Aguilar, se ha puesto en contacto con la Asociación de vecinos de Celorio ‘La Hoguera’ para comunicarles que, tras varios intentos fallidos de contactar con el Ayuntamiento de Llanes, respeto al expediente abierto por él mismo sobre las 94 viviendas supuestamente ilegales que existen en la localidad, se ve en el deber de «incluir al mencionado Ayuntamiento en el informe de gestión que se eleva anualmente a las Cortes Generales».
Así de contundente se muestra la Institución que, tras recibir una queja de esta agrupación vecinal se interesó por el tema pidiendo las explicaciones oportunas al Consistorio llanisco, que no tuvo a bien contestar a ninguno de los requerimientos recibidos. Aguilar apunta también que en la redacción del informe actuará «sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir las autoridades y funcionarios». Ya en marzo de 2009 el Defensor del Pueblo admitía a trámite el dossier presentado por la Asociación de vecinos ‘La Hoguera’ en la que se enumeran las supuestas irregularidades urbanísticas y ya entonces recordaba a los vecinos que «si consideran que se han producido hechos que pudieran ser constitutivos de un delito estarían legitimados para denunciarlos directamente ante los Tribunales».
Las viviendas en cuestión, llevan construidas en la localidad seis años y su construcción tuvo un valor de 21 millones de euros. En total fueron once las promotoras que, según la asociación, «obtuvieron licencia e informes técnicos y jurídicos favorables, todos ellos ilegales por infracciones administrativas urbanísticas», que en su opinión significan «94 viviendas de exceso mientras sigue sin haber en el pueblo vivienda protegida digna». La agrupación piensa, en definitiva, que «primero se favorece a ciertas promotoras, para que construyan ilegalmente obteniendo, por consiguiente, beneficios ilegales, y luego, al serles requerida una explicación, el Ayuntamiento se niega a colaborar». Actuación que, según parece, viene a confirmar lo que ya habían demostrado «con argumentos técnicos y legales. Una vez se pueden confundir, pero 94 y en el mismo pueblo no».
Por todo esto la asociación pide, a los responsables de urbanismo del Consistorio llanisco que «practiquen otro tipo de Urbanismo, uno que principalmente sea legal, justo y que asiente vida en los pueblos» y que, ya puestos en cambios, «bajen los impuestos que corresponden a las primeras viviendas». Les instan además a que «dejen de lado el comportamiento caciquil y cumplan la legalidad para asegurar la igualdad. Ya cuentan con los medios necesarios, sólo les falta voluntad, honradez y ética». En resumen que trabajen «por y para el pueblo», reclaman.

El Comercio 07-09-2010

El Defensor del Pueblo denuncia la falta de colaboración de las autoridades municipales

El Ayuntamiento de Llanes incumple la obligación de colaborar con el Defensor del Pueblo y no hace caso a sus peticiones. Tanto es así que la institución que encabeza Enrique Múgica incluirá en su informe anual de 2010 al Ayuntamiento llanisco en el listado de administraciones que no atienden sus requerimientos y entorpecen sus funciones. Esta «lista negra» será elevada a las Cortes Generales.

El Defensor del Pueblo ha afeado su actitud al Ayuntamiento de Llanes, que no ha respondido a sus múltiples requerimientos para determinar si en la localidad de Celoriu se ha consentido la construcción de 94 viviendas ilegales, como ha denunciado la asociación local de vecinos, «La Hoguera». El Defensor del Pueblo destaca la «ausencia de respuesta» del Ayuntamiento de Llanes a sus peticiones de información sobre la situación de las 94 viviendas supuestamente ilegales de Celoriu.

La ausencia de respuesta de las autoridades municipales llaniscas es, según el Defensor del Pueblo, «expresiva de la falta de colaboración de la Administración para cumplir con el deber legal que impone» la legislación vigente. Todo ello, continúa el organismo estatal, provocará «que se proceda a incluir al mencionado Ayuntamiento en el informe de gestión que se eleva anualmente a las Cortes Generales. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir las autoridades y los funcionarios», concluye el departamento que dirige Enrique Múgica, en una misiva remitida a la Asociación de vecinos «La Hoguera».

El colectivo celoriano, que preside Alberto Álvarez, recurrió al Defensor del Pueblo tras no obtener respuesta en la Oficina Municipal de Urbanismo a sus solicitudes de información sobre las 94 viviendas presuntamente ilegales de Celoriu, que, según «La Hoguera», generaron unos 21 millones de euros de beneficios a once promotoras. Todas estas viviendas cuentan con informes técnicos y jurídicos favorables, pero, según «La Hoguera», presentan infracciones de tal calibre que no podrán ser legalizadas. Mientras tanto, destacó «La Hoguera», «sigue sin haber vivienda protegida digna para asentar población en Celoriu y otros pueblos».

«La Hoguera» señaló que la ausencia de respuesta del Ayuntamiento de Llanes al Defensor del Pueblo se debe a que las autoridades locales «no tienen argumentos técnicos ni jurídicos para justificar estos desmanes cometidos y permitidos a estos once promotores. ¿Cuáles serían las contrapartidas?», se preguntan los dirigentes del colectivo vecinal, uno de los más activos del concejo llanisco. La conclusión de «La Hoguera» es clara: «Primero se consiente y se favorece por parte de los responsables del Ayuntamiento llanisco que ciertas promotoras construyan ilegalmente, obteniendo beneficios ilegales, y luego al ser requerida por parte del Defensor del Pueblo una explicación coherente, digna, legal y honrada se niegan a ello escondiéndose y no atendiendo su obligación legal». Todo ello «a la vez que se destruye la identidad de Celoriu como pueblo», añadió la asociación vecinal.

«La Hoguera» criticó que «en todos estos años de excesos urbanísticos» los dirigentes municipales no han querido «que exista ni un solo centímetro cuadrado de propiedad pública para uso público, como podría ser una Casa de Cultura, que tanto demandamos y necesitamos para desarrollarnos como pueblo».

La agrupación celoriana destacó que las 94 viviendas supuestamente ilegales se han construido en los últimos seis años, «todo un récord para un pueblo de 416 vecinos». Y reclamó un giro de 180 grados: «Que practiquen otro urbanismo, uno que sea legal, justo para todos, que asiente vida en los pueblos, beneficiando a los vecinos, que les dé acceso a la vivienda y no los obligue a emigrar».

«La Hoguera» aprovechó para reivindicar nuevamente una bajada de impuestos a los primeros residentes y la construcción de vivienda protegida en los pueblos.

LNE 07-09-2010